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Bienes y servicios colombianos en la contratación de Entidades Estatales

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El Gobierno Nacional, a través del Sistema de Compra Pública, materializa las políticas públicas, logrando dinamizar la economía, promover la Industria Nacional, y en especial, fortalecer la discrecionalidad del comprador público como un actor fundamental en la política industrial. Para lograr dicho objetivo, la Ley 816 de 2003 obliga a las Entidades Estatales a incluir un puntaje en los procesos de selección de contratistas, salvo en los procesos que en la Ley no se obligue a solicitar más de una propuesta.

El mencionado puntaje es regulado por el artículo 2 de la Ley 816, el cual se divide en dos franjas: una primera que permite asignar un puntaje entre el diez (10%) y el veinte por ciento (20%), a aquellos participantes que ofrezcan bienes o servicios nacionales, para incentivar a la Industria Nacional. Y una segunda franja que permite asignar un puntaje a la incorporación de bienes y/o servicios colombianos en bienes y/o servicios extranjeros, buscando que el proponente extranjero se abstenga de ofertar bienes o servicios extranjeros y procure incorporar bienes o servicios colombianos. 

Teniendo en cuenta que el uso de bienes colombianos en la ejecución de contratos promueve el empleo del país, que es de suma importancia para impulsar el emparejamiento y encadenamiento productivo, y por la observancia de la falta de cobertura de Acuerdos Comerciales para las entidades descentralizadas y la falta de uso de bienes y servicios nacionales en la ejecución de los respetivos contratos, el Decreto 680 de 2021, introdujo modificaciones al Decreto 1082 de 2015, en relación con la regla de origen de los bienes y servicios a ser prestados para el Sistema de Compra Pública.

Así las cosas, el Decreto 680 de 2021 amplió la definición de Servicios Nacionales e impuso la carga a las Entidades Estatales de definir de manera razonable y proporcionada, los bienes y servicios colombianos relevantes según la información analizada en la etapa de planeación del Proceso de Contratación. Igualmente, deberán definir el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto y la existencia de estos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. Esto, con el fin de asignar debidamente el puntaje correspondiente a la primera franja de la Ley 816 de 2003.

Por otro lado, se estableció que de acuerdo con el objeto contractual, en los casos en que no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Bienes Nacionales, se otorgará el  puntaje, de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, al proponente extranjero que vincule un porcentaje mínimo, establecido por la Entidad Estatal, de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del total de empleados y contratistas asociados a la ejecución del contrato. Este Decreto rige a partir del 22 de junio de 2021, fecha de su publicación, y se aplicará a los Procesos de Contratación que inicien a partir de los dos (2) meses siguientes a la publicación de este.

Por lo anterior, y al especificarse dentro de los procesos de contratación, el porcentaje de bienes y/o servicios en el presupuesto y la existencia de estos en el Registro de Productos de Bienes Nacionales, se buscará que se asigne adecuadamente el puntaje de que trata el artículo 2 de la Ley 816 de 2003. Esto debido a que actualmente, no todas las Entidades cumplen con este requisito y aquellas que, si lo cumplen, han advertido que no todos los contratistas ofrecen bienes nacionales

Con esto, se logrará fomentar la industria nacional desde la obtención y recolección de materias primas, el uso de fuentes de energía, la fuerza de trabajo física y mental, hasta la implementación de tecnologías para lograr los objetivos y metas propuestas en términos de las necesidades de la Entidad Estatal y las condiciones ofertadas por quien será el futuro contratista.  

Este nuevo decreto, al ampliar la definición de Servicio Nacionales e  imponerle la carga a las Entidades Estatales de definir, en la Etapa de Planeación, cuáles son los bienes y servicios necesarios para la debida y continua prestación del objeto contractual, pretende fomentar la utilización de recursos y/o materiales que fueren o bien de origen colombiano o manufacturados en el país, así como, la contratación de nacionales como una alternativa, en fomento y fortalecimiento de nuestra economía, para atraer la inversión de los industriales y empresarios extranjeros. No obstante lo anterior, cabe advertir que la implementación de esta propuesta, y con ello, la garantía de lograr el impacto económico que se pretendería fomentar, requiere que las Entidades actúen ante el vacío normativo e incluyan o propongan, desde los pliegos y minutas, distintos mecanismos con los que se asegurarán y verificarán el cumplimiento del requisito por el cual fue asignado al oferente el puntaje previsto en el artículo 2 de la Ley 816; esto toda vez que el decreto no define cómo se comprobará que en el marco de la ejecución del contrato si se hará uso de bienes y/o servicios nacionales, o, se ha dado la real vinculación de personal colombianos. 

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