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Declaración de Caducidad de un Contrato Estatal

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Existe una facultad extraordinaria en la administración pública para garantizar el cumplimiento o continuidad de un contrato estatal. Este principio es “la declaración de caducidad”. En concordancia con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en caso de presentar un incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera directa la ejecución del contrato, se puede hacer uso del principio de declaración de caducidad en cualquier momento durante la ejecución del contrato.

La entidad contratante debe proclamar que un contrato estatal va a caducar precedido por una audiencia pública en un acto administrativo debidamente suscitado. De acuerdo con la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 la acción contractual de naturaleza sancionatoria dentro de la cual está la declaratoria de caducidad, debe respetar el principio del debido proceso. Se entiende que el contratista tiene derecho a conocer que está en un proceso de declaración de caducidad del contrato y por lo tanto tiene derecho a ejercer su defensa, solicitando pruebas e impugnando un acto administrativo utilizando el recurso de reposición.

El principal efecto de declarar caducidad es la terminación y liquidación del contrato en el estado en que se encuentre, sin derecho a indemnización al contratista. Por ende, la entidad contratante tiene la autoridad de ejecutar las garantías de cumplimiento del contrato, imponer al contratista penalidades económicas por el incumplimiento y  tomar el mando de la obra o continuar ejecutando el contrato inmediatamente a través del garante o de otro contratista. Además, el contratista quedará inhabilitado para contratar con el estado durante cinco años.

Muchas veces las entidades estatales terminan pagando por el incumplimiento del particular al tener que realizar trámites costosos y largos para elegir un nuevo contratista, sin hacer uso de los mecanismos complementarios que contribuyen al ejercicio de cumplimiento en la contratación estatal.

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