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DECRETO NÚMERO 399 DE 2021

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El Presidente de la República compiló y racionalizó las normas de carácter reglamentario que rigen el sector administrativo de planeación nacional por medio del Decreto 1082 de 2015, el cual incluye disposiciones relacionadas con la contratación estatal, en especial en lo que respecta a los contenidos generales de los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección. Sobre este respecto, el artículo 2.2.1.1.1.2.1.1. del mencionado Decreto establece que la Entidad no debe publicar las variables empleadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección sea el concurso de méritos; y cuando se trate de un contrato de concesión, no se debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.

Respecto lo anterior, el Consejo de Estado mediante dos Autos del 2018 y 2019, suspendió provisionalmente los numerales 4, 5 y 6 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, los cuales están relacionados con las reglas aplicables al procedimiento de concurso de méritos, y que, en virtud de lo anterior, se considera necesario modificar el mencionado artículo para establecer las reglas aplicables a dicha modalidad de selección.

Así las cosas, se considera importante conocer los criterios y variables utilizadas por las entidades estatales para establecer los valores estimados de los negocios jurídicos a celebrar, en particular en la selección de concurso de méritos; de tal modo que se logren garantizar al máximo los principios de publicidad y transparencia. Aunado a lo anterior, y de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, esto permitiría que los oferentes puedan realizar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, el cual debe incluir el valor estimado del contrato.

En consecuencia, el artículo primero del decreto 399 de 2021 modificó el artículo sobre los estudios y documentos previos que soportan la elaboración de los pliegos de condiciones  del contrato; incluyendo el valor estimado del contrato y la justificación del mismo, señalando que cuando el valor esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal deberá incluir la manera en que los determinó y deberá soportar sus cálculos presupuestales, información que deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación. Sin embargo, cuando se trate de un contrato de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.

De igual manera, se hizo una modificación a la vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra, la cual deberá estar vigente por un término no inferior a cinco años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. No obstante lo anterior, con las modificaciones realizadas con la expedición del Decreto en comento las Entidades podrán aceptar que la garantía tenga una vigencia inferior a cinco años, pero garantizando que su cobertura será como mínimo de un año, previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato; análisis el cual deberá tener en consideración variables tales como el tipo de actividades que serán realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros.

Por otro lado, para el planteamiento de las modificaciones normativas se tomó en cuenta el impacto negativo que generó, en la economía del país, el COVID-19. Circunstancia esta que perjudicó tanto a personas naturales como a personas jurídicas, por eso, se consideró conveniente modificar algunos artículos del Decreto 1082 de 2015, de tal modo que, a partir del 1 de junio de 2021, para efectos de la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información financiera correspondiente a los últimos tres años y no solo el último año. Esto con el propósito de brindar herramientas adicionales a las Entidades Estatales para que, en su deber de planeación y de análisis del sector, determine los requisitos habilitantes en sus procesos de selección, sobre todo, en lo relacionado con la capacidad financiera y organizacional de los proponentes.

Con base a lo anterior, para los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir de 1 de julio de 2021, las Entidades Estatales tendrán en cuenta la información vigente y en firme que conste en el RUP, de tal modo que, al evaluar los requisitos habilitantes, los oferentes podrán acreditar su cumplimiento con los mejores indicadores de los últimos tres años.

Así las cosas, el Decreto 399 de 2021 obedece a la situación actual del país, pues responde a los efectos economicos generados por el COVID-19 buscando fortalecer la reactivación económica al permitirles a los oferentes de los procesos de contratación, presentar su información financiera correspondiente a los últimos 3 años. De igual manera, da un alcance más integro a los principios de publicidad y transparencia en los criterios empleados por las Entidades a la hora de calcular el valor estimado del contrato, haciendo mas transparente la gestión contractual de la administración

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