El interventor, en palabras del Diccionario de la RAE, es la “… persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones para asegurar su corrección”. Esta figura, muy propia de la contratación pública colombiana, que no ha escapado a la polémica de los cíclicos períodos de crisis a los que se avoca el sector de la infraestructura cuando la corrupción parece engullir la actividad, es vista por muchos como la salvaguarda de calidad y precisión en la ejecución de las actividades que una entidad pública adelante.
Sin embargo, la misma institución puede llegar a convertirse, cuando la tipología del contrato no es adecuada al esquema de autorización y fiscalización planeado, en un escollo para cumplir con los fines perseguidos, que no son otros que la provisión de bienes, obras y servicios a la ciudadanía, en beneficio del interés general.
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