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Decreto 491 de 2020 | 28 de marzo de 2020

Pjg-decreto-491

Objetivo: Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia.

Aspectos Principales: 

El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público, permite a las autoridades suspender los términos de las actuaciones en sede administrativa y autoriza los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. No autoriza la suspensión de contratos de prestación de servicios entre el Estado y personas naturales.

• Las autoridades que conforman las ramas del poder público velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las TICS. 

• La notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. 

• Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. 

o Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 20 días siguientes a su recepción. 

o Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 35 días siguientes a su recepción. 

• Las autoridades podrán suspender los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. 

• Para el reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en los que la normativa aplicable exija documento original o copia auténtica, bastará con la remisión de la copia simple de los documentos por vía electrónica. 

• Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta 1 mes más contado a partir de la superación de la Emergencia. 

o Superada la Emergencia, el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación. 

• En la radicación de solicitudes de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de competencia de la Procuraduría General de la Nación, se promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales. 

• Los procesos arbitrales y los trámites de conciliación extrajudicial, amigable composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante se adelantarán mediante el uso de TICs, de acuerdo con las instrucciones administrativas que impartan los centros de arbitraje y conciliación y las entidades públicas en las que se tramiten. 

o Pondrán a disposición de las partes y apoderados, árbitros, conciliadores, amigables componedores los medios electrónicos y virtuales necesarios para el recibo de documentos y realización de reuniones y audiencias. 

o Podrán habilitar direcciones electrónicas para el recibo de demandas arbitrales, solicitudes de conciliación extrajudicial, amigable composición, insolvencia de persona natural no comerciante, y cualquier documento relacionado con los procesos o trámites de éstos; también enviar por vía electrónica comunicaciones y notificaciones; y adelantar virtualmente todo tipo de reuniones y audiencias. 

o En caso de no contar con la tecnología suficiente para hacerlo, el centro o entidad pública podrá celebrar convenios con otros centros o entidades para la realización e impulso de las actuaciones, procesos y trámites. 

o En el arbitraje, el término para la duración del proceso arbitral (si el pacto no lo determina) será de 8 meses; y el término para solicitar la suspensión del proceso no podrá exceder de 150 días. 

o Los tribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni los procesos, a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo proponga. 

o Los CAC y las entidades públicas competentes, con el concurso de los conciliadores y los secretarios de tribunales o paneles, conformarán expedientes a fin de facilitar el impulso de los trámites y procesos y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y autenticidad de la información. o Durante la Emergencia Sanitaria no correrán los términos de prescripción o caducidad de las acciones. 

o No se podrá adelantar ninguno de los trámites previstos si alguna de las partes se muestra en imposibilidad para comparecer a las audiencias virtuales, o aportar pruebas, soportes y anexos, y así lo determina el tribunal arbitral, el amigable componedor o el conciliador. 

• Las autoridades, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. 

• Los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. 

• Los gobernadores y alcaldes podrán ampliar, por 30 días, el período institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado que termina en marzo de 2020. 

• Se aplazan los procesos de selección que actualmente se estén adelantando para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas. 

• Las autoridades dispondrán las medidas necesarias para que los servidores públicos y docentes ocasionales o de hora cátedra de instituciones de educación superior públicas cumplan sus funciones mediante la modalidad de trabajo en casa. 

• Las personas naturales vinculadas a las entidades públicas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, continuarán desarrollando sus objetos y obligaciones contractuales mediante trabajo en casa y haciendo uso de las TICs.

o La declaratoria de Emergencia Sanitaria no constituyen causal para terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con el Estado.

• Los contratos de prestación de servicios administrativos, suscritos por personas jurídicas con entidades públicas, cuyo objeto sea la prestación del servicio de vigilancia, aseo, y/o cafetería, transporte y demás servicios de esta naturaleza no serán suspendidos mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. Para que se efectúe el pago a las empresas contratistas, estas deberán certificar el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentren vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria.

Ver Decreto 491

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